DIEZ AUXILIARES SON DESTITUIDOS POR FALSIFICAR DOCUMENTOS

NOTA DE PRENSA N° 27 -2015-GR.CAJ/UGEL-S.I/OF IMG.RR.PP.C

“Fueron contratados en este año y quedarán inhabilitados para participar en concursos públicos del MINEDU” 

La Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio, a través de una minuciosa  revisión a los expedientes de auxiliares contratados en este año 2015, logró identificar a más de 10 profesionales,  que presuntamente falsificaron resoluciones de felicitación, hasta el momento se han confirmado a 10 expedientes,  otros estarían  en cruce de información, en los próximas días se conocerá si  estos, también    han incurrido en delito.

El jefe de Personal de la Ugel San Ignacio, Prof. Juan Quiñones Matute, manifestó que durante el proceso de contrato a los auxiliares postulantes   se les  advirtió,  si se encontrara documentos falsos en sus expedientes, su contrato quedaría sin efecto, además estarían impedidos de participar en un proceso de nombramiento o contratación, según especifica la norma.

 “Hemos identificado documentos adulterados, esto ha puesto en tela de juicio a la comisión evaluadora, por ello se ha hecho un proceso de verificación”. El servidor público continuó;  “Hemos encontrado hasta la fecha once expedientes que han adulterado documentos entre ellas resoluciones, en un primer momento se ha tenido nueve  expedientes, hoy se ha detectado a otro trabajador que ha incurrido en delito, estamos cruzando información con  Jaén para confirmar un expediente más […] vamos a hacer tajantes, no nos va a temblar la mano para denunciar estos casos”

Al parecer estas formas amañadas e ilegales  de ganarse un contrato, en años se han venido reiterando,  no pudiéndose  identificar a los culposos, todo indica, que  este año hay un compromiso de hacer seguimiento a los expedientes y poder determinar, si estos son legales o no, Asesoría Jurídica  de la Ugel ya hizo la denuncia ante  fiscalía para las investigaciones correspondientes.

De  llegar comprobarse  ante el Poder judicial, los acusados serían juzgados por el delito contra la fe pública, al ser sentenciados pagarían una reparación civil al estado y quedarían inhabilitados para participar en un concurso público ante el Ministerio de Educación.

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS.

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